Pleno de preguntas sin respuesta...

Ayer a las 18 horas comenzaba un pleno que terminaba hora y media más tarde, aproximadamente. Era el pleno ordinario correspondiente al mes de julio que, dado que se había convocado con anterioridad uno con carácter extraordinario el pasado 28 de junio, donde sí había varios puntos en el orden del día, pues venía sin contenido. Vamos únicamente la parte de dación de cuentas de los órganos de gobierno y la parte de control a los órganos de gobierno, conocida como Ruegos y Preguntas.

La táctica está clara. La alcaldesa va convocando plenos extraordinarios a su antojo y conveniencia dejando sin contenido los plenos ordinarios que también convoca a su antojo. Convocarlo a las 18 horas en lugar de a las 19 pactadas desde ni se sabe, es una muestra más, de cara a la oposición, a los suyos y al pueblo de que ella es quien manda. Bien, mandar no es gobernar. Para gobernar hay que tener criterio, proyecto y conocimiento y de eso hay bien poco en el despacho de alcaldía. Pero que siga así. Más dura será la caída. Eso sí, como al niño/a consentido/ y malcriado/a, para poder hacer todo eso tiene que haber quienes te lo consientan, y eso ya va en el deber de los otros diez, incluido al bipartito, que se lo consienten.

Llegados a este punto, un servidor preguntó a la alcaldesa por varias cuestiones, muy claras y muy concretas. En primer lugar, si como se nos dijo en la última comisión de hacienda, la alcaldesa ha pasado con cargo al ayuntamiento los gastos de su representación letrada en la denuncia interpuesta contra un ciudadano de Ibi que la tildó de "alcaldesa corrupta" en un comentario efectuado en la edición digital del diario ESCAPARATE. No hubo respuesta. En segundo lugar, si siendo así las cosas, y siendo los delitos o faltas contra el honor un delito perseguible únicamente a instancia de parte, es decir, mediando necesariamente la preceptiva denuncia o querella del ofendido o la ofendida, y siendo por tanto el honor un bien jurídico PERSONALÍSIMO y siendo ella la única que se habría considerado ofendida, cómo es posible que pretenda cargar al pueblo de Ibi los gastos de la defensa de su hipotético honor. La respuesta, pretendiendo hacerse la listilla, fue leerme el artículo 215 del código penal, que dice precisamente lo que yo le acababa de preguntar. Reproduzco el artículo 215: Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.

Tras leer dicho artículo, siguió sin aclarar ni dar explicaciones de si medió denuncia por parte de la alcaldesa, si esa denuncia la interpuso un abogado por su encargo, cuánto habría cobrado dicho letrado y si dicha minuta y el posterior recurso lo ha pagado el pueblo de Ibi, ya que el juzgado absolvió al ciudadano de Ibi que efectuó el comentario.

Le preguntaba yo también al respecto, si para asumir dichos gastos de defensa había mediado el correspondiente informe del secretario del ayuntamiento, su fiel escudero, y del interventor. El silencio también fue la respuesta. Le efectuaba el ruego, finalmente, de que si esos gastos de representación letrada se han pagado con cargo a las arcas municipales, se procediese por parte de la alcaldesa al inmediato reintegro de esos fondos al erario público. Obviamente no medió respuesta alguna

Otra de las preguntas que le efectué era saber el motivo por el que, en la carpeta de los decretos que venían al pleno, venía una vez más la adjudicación de la dirección letrada del enésimo contencioso a su fiel escudero, el secretario del ayuntamiento, no obstante existir un acuerdo del año pasado por estas fechas en el que los pleitos del ayuntamiento se adjudicarían a letrados que no fuesen este funcionario por diversas razones. La primera, que con la secretaría del ayuntamiento había tarea más que suficiente para dedicarse, llevar los temas al día y llevarlos con diligencia. La segunda, que no era de recibo que de manera reiterada este funcionario estuviese cobrando productividades que la mayoría de los meses superaban los 4.000 euros, sueldo a parte. En tercer lugar porque podía existir manifiesta incompatibilidad. Muchos de los asuntos se convierten en contenciosos como consecuencia de informes que efectúa el secretario del ayuntamiento. Adjudicarle luego la defensa de esos mismos contenciosos, a mi modo de ver, puede constituir hasta una ilegalidad. Evidentemente a esto, que comparten plenamente la mayoría de los concejales y concejalas del equipo de gobierno, que se han mostrado reiteradamente tan indignados como yo con esta cuestión, la alcaldesa ni respondió. Es lo que tiene tener la cara de hormigón armado. Te forras de ella y todo te rebota. Al del bipartito, por supuesto, ni se le oyó decir nada de todo esto, que al parecer, le parece fenomenal.