Ayer publicaba el diario El Mundo en su edición digital la noticia con el siguiente titular "Imputan a 7 concejales del PP de Santiago por aprobar pagar la defensa a otro edil". Pinchando AQUÍ podéis acceder a la noticia completa. Seguía diciendo la noticia que "siete concejales del PP de Santiago están imputados por un delito de prevaricación por haber aprobado en junta de gobierno local el pasado mes de mayo una resolución para que el ayuntamiento costease la defensa del edil de Deportes, Adrián Varela, imputado en la operación Pokemon".
Pero claro, no se crean que la chulería de algunos es cosa solamente de las tierras iberudas, también por Santiago de Compostela algunos y algunas se ponen estupendos. Así, seguía diciendo la noticia que La portavoz de los concejales, María Pardo, ha asegurado en rueda de prensa que tras la decisión judicial "hay una intencionalidad política clara" ya que el pago de la asistencia jurídica del edil imputado en la Pokémon "es ajustada a derecho". La concejala apostilló que "puede llegar a parecer un abuso de la vía judicial penal para influir en la acción política". Previamente recordó que el secretario y vicesecretario del ayuntamiento avalaron con un informe el pago de los honorarios.
Siempre hay algún secretario o algún funcionario que avalan la legalidad de todo lo que haya que avalar con el correspondiente informe. En unos casos, justificadamente, no me cabe duda. Pero no siempre es así. No sé si os suena la música y la letra, pero a un servidor le duele la boca de denunciar que en este ayuntamiento se están pagando honorarios de letrados a un montón de gente que no se le tendrían que pagar. No me cabe la menor duda que, a la que te descuides, además del informe del funcionario correspondiente avalando el pago, tienen además la bendición apostólica y una bula de Santa Rita, o mejor de San Judas Tadeo, abogado de los imposibles.
Quizás al ver esta noticia, comience a entrarle a más de uno/a una colitis aguda. Pagar los honorarios de letrados a políticos y/o a funcionarios, máxime en cuestiones penales, que son estrictamente personales y que, por tanto, deberían ser de la incumbencia y la esfera personal de cada cual si es que, fruto de su gestión, ha sido imputado/a, puede traer serios disgustos. Será otra de las cuestiones que, si definitivamente hay moción de censura, habrá que ponerse a revisar a fondo. Porque mal está que alguno/a presuntamente cometa delitos, pero el colmo ya es que encima tengamos que pagar los abogados con cargo al erario público. Faltaría más
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