En la comisión de urbanismo y obras públicas celebrada ayer al mediodía, vivimos un episodio verdaderamente kafkiano. Llegado el turno de ruegos y preguntas, por parte de los portavoces de la oposición se le plantearon una serie de cuestiones, todas ellas en relación con el desalojo que el Ayuntamiento pretende efectuar de los actuales inquilinos de la antigua fábrica Pilen, es decir, las Asociaciones que actualmente tienen allí sus sedes, porque el Ayuntamiento se las cedió en los últimos tres años, siendo inaugurado dicho local el 20 de marzo de 2007, a sólo 2 meses de las elecciones municipales y, si mal no recuerdo, contando con la presencia de la entonces vicepresidenta de la diputación, Mari Carmen Jiménez.
A la pregunta de qué proyecto efectuó el Ayuntamiento para disponer la distribución de aquellas instalaciones el Migue (para los no familiarizados con este blog, Miguel Ángel Agüera, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Ibi) no contesta. A la pregunta de quién efectuó las obras el Migue tampoco contesta. A la pregunta de quién pagó las obras, mira hacia un lado, haciendo una leve inclinación de cabeza y desviando suavemente la mirada hacia la pared. A la pregunta de qué técnicos dirigieron las obras, mira hacia el otro lado subiendo ahora sutilmente la ceja hacia arriba, no como Zapatero, lógicamente, más al estilo Mr. Bean. A la pregunta de por qué se autorizó y dispuso que asociaciones y colectivos numerosos ocuparen unos locales y un edificio que debía ser de pública concurrencia sin hacer las preceptivas pruebas, el Migue emitió un bufido, eso sí, arrobado. A la pregunta de por qué no se respetó una decisión unánime del pleno (a propuesta de la oposición) donde se acordaba previamente a adjudicar y entregar sedes, hacer un proyecto conforme a la normativa de edificios públicos, adecuando el espacio existente y la distribución de espacios comunes con carácter previo, el Migue emitió una media sonrisa. A la pregunta de por qué hasta hace pocos meses han estado entregando sedes a asociaciones que han gastado dinero, tiempo y recursos en acondicionarlas para luego decirles que se tienen que ir y que hay que derribarlo todo, el Migue protestó diciendo que ¿qué cosas le estábamos preguntando? jolín, jopé, cáspita, pero mira que sois malos los de la oposición, puñeta.
A la pregunta de cuál o cuáles son los motivos por los que han de desalojar el edificio, el Migue volvió a bufar. A la pregunta de cuál es el proyecto previsto para el edificio, quién es el arquitecto o técnico redactor el Migue dijo que no sabía. A la pregunta de cuál es el coste previsto para las obras que ahora se pretenden hacer y la duración de las mismas, el Migue dijo tampoco saber y que si lo sabía tampoco nos lo diría en ese momento. A la pregunta de si habían estudiado procedimientos constructivos que no hicieren necesario derribar todo lo construído (tabiquería, pavimento, etcétera), el Migue volvió a no saber nada. Y por último, a la pregunta de si en su momento, previamente a comenzar a entregar sedes a asociaciones, habían efectuado las correspondientes pruebas de cargas, por fín, sin contestó dándonos una lección de técnica y sapiencia urbanística y constructiva: según él "No es necesario prueba de carga para ese tipo de edificios"
Lo anterior, aunque insisto, pueda resultarles kafkiano, es el resumen de lo que supone la actuación de un concejal de urbanismo que tiene dedicación exclusiva y cobra un buen sueldo por ello. De un concejal que sabe de la vida de todos y tiene tiempo para ordenar que se inspeccionen las obras de todos, menos las de su alcaldesa y la de los edificios que debería inspeccionar y dirigir. Es el auténtico resumen de toda una legislatura en la que el Migue y su colegui, se dedican a hacer todo lo posible para que se construya en Santa Lucía o para que se reclasifique más de un millón de metros en Daroca, pero que no tienen ni un minuto para que en un edificio público donde tenían que reunirse varias asociaciones de Ibi, ensayar bailes, programar excusiones, y en definitiva, hacer sus actividades colectivos cívicos, culturales, musicales, deportivos y culturales de ibi, se hiciesen las cosas con seguridad, cumpliendo la legalidad y con sentido común. Ahora dicen que es para adecuarlo a la normativa ¿Y QUÉ HA PASADO CON LA NORMATIVA EN LOS TRES AÑOS EN QUE HAN PERMITIDO QUE ESTUVIESEN ALLÍ, NO EXISTÍA O DIRECTAMENTE LA IGNORARON?
Ahora, las asociaciones que han adecuado con esfuerzo, con mimo, con ilusión y con la esperanza de ver consolidado su espacio de reunión para muchos años, ven que tienen que marcharse, que lo van a derribar todo, y que luego, eso sí, con el dinero de todos, les volverán a entregar (ya veremos cuando) otra vez el local. Vuelvo a insistir, lo de este gobierno ya supera los límites de todo lo imaginable, de todo lo habido y por haber, y de las más mínimas normas del sentido común. La conclusión para el Migue y su colegui es clara, de lo que se hizo la pasada legislatura, los responsables serán el entonces concejal de urbanismo y la entonces concejala de Servicios públicos, a la que piensan seguir cargándole todos los muertos. Y de lo que se haga en esta, ni saben ni contestan. Mientras tanto, los colectivos y las asociaciones allí ubicados, que tomen nota. Cuando te engañan la primera vez, no es culpa tuya, a la segunda sí. ¿Permitirán que les engañen una segunda vez?
A la pregunta de qué proyecto efectuó el Ayuntamiento para disponer la distribución de aquellas instalaciones el Migue (para los no familiarizados con este blog, Miguel Ángel Agüera, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Ibi) no contesta. A la pregunta de quién efectuó las obras el Migue tampoco contesta. A la pregunta de quién pagó las obras, mira hacia un lado, haciendo una leve inclinación de cabeza y desviando suavemente la mirada hacia la pared. A la pregunta de qué técnicos dirigieron las obras, mira hacia el otro lado subiendo ahora sutilmente la ceja hacia arriba, no como Zapatero, lógicamente, más al estilo Mr. Bean. A la pregunta de por qué se autorizó y dispuso que asociaciones y colectivos numerosos ocuparen unos locales y un edificio que debía ser de pública concurrencia sin hacer las preceptivas pruebas, el Migue emitió un bufido, eso sí, arrobado. A la pregunta de por qué no se respetó una decisión unánime del pleno (a propuesta de la oposición) donde se acordaba previamente a adjudicar y entregar sedes, hacer un proyecto conforme a la normativa de edificios públicos, adecuando el espacio existente y la distribución de espacios comunes con carácter previo, el Migue emitió una media sonrisa. A la pregunta de por qué hasta hace pocos meses han estado entregando sedes a asociaciones que han gastado dinero, tiempo y recursos en acondicionarlas para luego decirles que se tienen que ir y que hay que derribarlo todo, el Migue protestó diciendo que ¿qué cosas le estábamos preguntando? jolín, jopé, cáspita, pero mira que sois malos los de la oposición, puñeta.
A la pregunta de cuál o cuáles son los motivos por los que han de desalojar el edificio, el Migue volvió a bufar. A la pregunta de cuál es el proyecto previsto para el edificio, quién es el arquitecto o técnico redactor el Migue dijo que no sabía. A la pregunta de cuál es el coste previsto para las obras que ahora se pretenden hacer y la duración de las mismas, el Migue dijo tampoco saber y que si lo sabía tampoco nos lo diría en ese momento. A la pregunta de si habían estudiado procedimientos constructivos que no hicieren necesario derribar todo lo construído (tabiquería, pavimento, etcétera), el Migue volvió a no saber nada. Y por último, a la pregunta de si en su momento, previamente a comenzar a entregar sedes a asociaciones, habían efectuado las correspondientes pruebas de cargas, por fín, sin contestó dándonos una lección de técnica y sapiencia urbanística y constructiva: según él "No es necesario prueba de carga para ese tipo de edificios"
Lo anterior, aunque insisto, pueda resultarles kafkiano, es el resumen de lo que supone la actuación de un concejal de urbanismo que tiene dedicación exclusiva y cobra un buen sueldo por ello. De un concejal que sabe de la vida de todos y tiene tiempo para ordenar que se inspeccionen las obras de todos, menos las de su alcaldesa y la de los edificios que debería inspeccionar y dirigir. Es el auténtico resumen de toda una legislatura en la que el Migue y su colegui, se dedican a hacer todo lo posible para que se construya en Santa Lucía o para que se reclasifique más de un millón de metros en Daroca, pero que no tienen ni un minuto para que en un edificio público donde tenían que reunirse varias asociaciones de Ibi, ensayar bailes, programar excusiones, y en definitiva, hacer sus actividades colectivos cívicos, culturales, musicales, deportivos y culturales de ibi, se hiciesen las cosas con seguridad, cumpliendo la legalidad y con sentido común. Ahora dicen que es para adecuarlo a la normativa ¿Y QUÉ HA PASADO CON LA NORMATIVA EN LOS TRES AÑOS EN QUE HAN PERMITIDO QUE ESTUVIESEN ALLÍ, NO EXISTÍA O DIRECTAMENTE LA IGNORARON?
Ahora, las asociaciones que han adecuado con esfuerzo, con mimo, con ilusión y con la esperanza de ver consolidado su espacio de reunión para muchos años, ven que tienen que marcharse, que lo van a derribar todo, y que luego, eso sí, con el dinero de todos, les volverán a entregar (ya veremos cuando) otra vez el local. Vuelvo a insistir, lo de este gobierno ya supera los límites de todo lo imaginable, de todo lo habido y por haber, y de las más mínimas normas del sentido común. La conclusión para el Migue y su colegui es clara, de lo que se hizo la pasada legislatura, los responsables serán el entonces concejal de urbanismo y la entonces concejala de Servicios públicos, a la que piensan seguir cargándole todos los muertos. Y de lo que se haga en esta, ni saben ni contestan. Mientras tanto, los colectivos y las asociaciones allí ubicados, que tomen nota. Cuando te engañan la primera vez, no es culpa tuya, a la segunda sí. ¿Permitirán que les engañen una segunda vez?
