Todo un modelo de coherencia...

En la loca carrera de reformas mediáticas emprendida por Ruiz Gallardón, por si alguien no lo sabe, ministro de Justicia de este país, nos encontramos con la última y electoralista propuesta: "Los políticos con juicios orales abiertos por corrupción no podrán ir en las listas electorales". Pinchando AQUÍ podéis acceder a la noticia completa publicada en el diario El Mundo.

Lo anterior es para, directamente, mearse de la risa, que siempre es mejor que ponerse a llorar. Especialmente, cuando la medida viene propuesta por el ministro de un partido que lidera especialmente este ranking, el de diputados, alcaldes, secretarios autonómicos, directores generales y otros cargos de medio pelo imputados por corrupción. Si descendemos - por lo de bajar a las cloacas digo - a la maltratada Comunitat Valenciana, donde la franquicia pepera llevó un buen puñado de imputados en su lista electoral, aquí la limpia, de concretarse favorablemente la medida del ministro, sería una taréa ímproba.

Eso sí, conviene recordar, en que a esta lista repleta de imputados, investigados, expulsados y procesados, la votaron mayoritariamente y le otorgaron mayoría absoluta, la mayoría de los valencianos y valencianas que ejercieron su derecho a voto el pasado 22 de mayo de 2011. Otra cosa es que pocas semanas después muchos se arrepintieran, cuando muchas informaciones ocultadas, cuando muchos pufos sabiamente escondidos, cuando mucha mierda cuidadosamente sepultada durante años de manipulación y compra de voluntades, comenzaron a salir.

El problema, Señor Gallardón, es que para este viaje no hacían falta alforjas. Si su partido, y el resto de partidos que se presentan a las elecciones de este país, fuesen gente honrada, seria y coherente, los imputados o investigados por corrupción no podrían ni intentar ir en una lista electoral. El problema que tienen los partidos y también una gran mayoría de ciudadanos de este país, es que cuando la corrupción es "de los míos", se mira para otro lado, porque los "otros", tienen tanta o más. Y eso vale también para cualquier otro colectivo. Valga como muestra la reciente reelección al frente de los empresarios de Madrid, de un presidente, Arturo Fernández, que está imputado por cuestiones varias y del que se ha demostrado que ha defraudado a Hacienda muchos cientos de miles de euros. O de aquél alcalde del PP de Totana, que a pesar de salir esposado de su casa, obtenía casi el 60% de los sufragios electorales.

Así las cosas, jurídicamente hablando, es cuestionable desde el punto de vista legal y constitucional, impedir ir en unas listas de un partido político, de una junta central festera o de una cofradía de Semana Santa, a nadie que no esté especialmente inhabilitado para ello. Eso, Gallardón lo sabe. Otra cosa es el sentido común del partido político, organización empresarial o colectivo que sea, y sobre todo la vergüenza torera, de presentar para dirigir a una comunidad del tipo que sea, a alguien bajo sospecha y/o investigación. Pero mientras tanto, intenta ponerse una medalla, que falta poco para las europeas y hay que vender humo, y mientras tanto nadie habla de lo que verdaderamente hace falta y ninguno de los partidos mayoritarios propone ni piensa proponer jamás.

Le doy ideas: reforma legal (de todas las leyes que haga falta), para que los casi diez mil cargos políticos, judiciales y de todo tipo que hay en España y gozan del privilegio del aforamiento, DESAPAREZCA DE INMEDIATO. Nadie es más que nadie en Estado de derecho. Reforma electoral para que haya una representación más proporcional y justa y ningún partido goce de sobrerepresentación. Desaparición de las DIPUTACIONES PROVINCIALES y del Senado. Reducción del número de diputados de los parlamentos autonómicos a la proporción que guarden en relación con el congreso de los diputados y por el número de habitantes de cada comunidad. Obligatoriedad de juicios rápidos para cualquier cargo público que se vea imputado en el ejercicio de sus funciones. Y así podríamos seguir. Prohibición de que quienes han ocupado cargos públicos puedan trabajar en empresas a las que han otorgado contratos, adjudicado obra pública o comprado bienes o servicios. Todo lo demás, juegos florales y maniobras de prestidigitador barato de cara a una campaña de las europeas donde los ciudadanos lo único que esperamos es poder lanzarles un recadito especialmente a los dos partidos mayoritarios que llevan tantos años permitiendo todo este estrambote de desvergüenza en el que han conseguido convertir este país.