Ayer a las 23'40 horas finalizaba un pleno que había comenzado a las 19 horas. Es bastante lamentable tener que hacer plenos que finalizan casi a la media noche, cuando los 2 meses anteriores habíamos tenido plenos ordinarios en los que apenas había puntos en el orden del día. Y eso cuando al pleno de ayer vinieron asuntos que estaban pasados por registro a principios de febrero y que, por tanto, debieron de haberse incluido en el del mes de marzo. Haber tenido durante varios años un secretario del ayuntamiento "peculiar", por decirlo de un modo suave, ha influido decisivamente en esta cuestión. Pero de este tema hablaremos otro día.
El punto que suscitó más de hora y media de debate fue el que anunciaba en mi entrada de ayer. La aprobación del convenio entre el ayuntamiento y la mercantil "Promociones Santa Lucía S.L." (qué insulto ponerle el nombre de nuestra ermita a una empresa claramente especuladora que compró los terrenos propiedad de un funcionario de la oficina de urbanismo para forrarse. Unos y otros. Pero así ha sido la vida durante la década ominosa en que el Migue y su colegui recibieron el poder de los ciudadanos y lo utilizaron con los fines y resultados que todos hemos visto.
Recomiendo encarecidamente si tenéis interés en situaron en la cronología de los hechos, leáis la entrada que firma Yolanda Venteo en el blog del PSOE local, portavoz del PSOE y más versada en asuntos urbanísticos que un servidor. Es para echarse a temblar. Pinchando AQUÍ podéis acceder al contenido completo. Al final de esta corrida, ayer los concejales del PP y el concejal del CDL aprobaron pagarle a Promociones Santa Lucía, casi 3'5 millones de euros, para que renuncie a la demanda de responsabilidad patrimonial interpuesta contra el Ayuntamiento de Ibi, por no permitirle edificar en el cerro de Santa Lucía. Me remito a los orígenes de esta historia a mi entrada de ayer.
Un servidor les recordó que todo lo que ha rodeado a este pelotazo apesta. Que es inadmisible que en su día ya los terrenos de un funcionario del área de urbanismo fuesen calificados en el plan general como urbanizables, cuando debían de haberse clasificado como suelo no urbanizable de especial protección. No cabe en cabeza humana que habiendo terreno en Ibi, una ciudad que no tiene una orografía complicada, se permitiese que esa zona fuese urbanizable. Apesta que viniese esta empresa con un proyecto de siete alturas y plazas de garaje. Apesta que el PP después de la presión popular, decidiese reclasificarlos como zona verde para luego desclasificarlos meses después. Da la sensación que, ante el revuelo organizado en Ibi al respecto, y sobre todo, tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, cocinaron esta segunda opción para que la mercantil pudiese reclamar al ayuntamiento los 9 millones que demanda en el juzgado por responsabilidad patrimonial.
Apesta que desde urbanismo, y por una técnico cuyo marido era el redactor del proyecto de la empresa, se efectuase la valoración del suelo en más de cinco millones de euros. Apesta que el expediente que se abrió tarde y mal a esta funcionaria quedase en nada, cuando suponía una infracció muy grave que conllevaba aparejada suspensión de empleo y sueldo. Apesta que los terrenos objeto de esta cuestión fuesen, qué casualidad, propiedad del aparejador municipal. Apesta que este funcionario esté en casi todos los manejos y cuestiones turbias de la oficina de urbanismo. Apesta que por esos terrenos los propietarios no hubiesen pagado la contribución durante muchos años y apesta que el modo en que se adquiere la propiedad no está claro en absoluto. Por lo que podríamos estar pagando 3'5 millones de euros por unos terrenos que podrían haber sido del propio ayuntamiento.
En definitiva, al final, a esta empresa le pagamos un dineral en terrenos propiedad de todos los ibenses, en la zona del Alamí, en el futuro polígono industrial NP-I5 (la continuación del Alfaç), nada menos que 25.000, y en otra serie de aprovechamientos urbanísticos en otras zonas. El equipo de gobierno actual, que ha heredado este marrón de sus compañeros, el Migue y su colegui, que cada vez tienen más claro que debieron expulsar el primer día de legislatura, vende este acuerdo como la menos mala de las opciones posibles en este asunto, porque pagamos 3'5 millones cuando nos reclamaban 9, los pagamos en terrenos y derechos de aprovechamiento urbanístico y no en dinero, y porque definitivamente en el Cerro de Santa Lucía y alrededores no podrá edificarse y podrán compensar esa edificabilidad en otras modificaciones de planeamiento que han de hacerse. Quiero creer en la buena fé de Amparo Pina, Serralta y el resto en esta cuestión. Pero les hago la misma pregunta que les hice ayer en el pleno ¿Por qué una empresa que nos reclama más de 9 millones de euros, acepta 3'5, si como dijo ayer Amparo Pina, aunque perdiese el pleito podría seguir edificando en ese suelo? sencillamente, porque la empresa gana sí o sí. Y algunos rufianes deben estar brindando con champagne.
