Ayer la noticia rodaba por todos los digitales "Carlos Fabra será juzgado por tráfico de influencias, cohecho y delito fiscal" Pinchando AQUÍ podéis acceder a la noticia completa publicada en el diario El Mundo.
Después de nada menos que 10 años, decía la noticia "El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, Jacobo Pin, ha decretado la apertura de juicio oral contra el ex presidente de la Diputación de Castellón, ex presidente del PP de la provincia, secretario general de la Cámara de Comercio y actual presidente de la sociedad pública Aerocas (que gestiona el aeropuerto de Castellón) por un presunto delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública"
A lo anterior podemos unirles las noticias de los políticos que han entrado directamente a la cárcel (aún nos frotamos los ojos) por los ERE de Andalucía, o las imágenes del registro del domicilio de los padres de un sindicalista de UGT con billetes de 500 euros, como diría José Mota, a "cascoporro". Los hay de todos los colores, olores y sabores (PP, Psoe, sindicalistas) pero en todos coincide un denominador común. Las presuntas conductas delictivas vienen después de muchos años o décadas en el poder, poder absoluto en la mayoría de los casos, donde el descontrol fruto también de una coyuntura económica donde el país crecía a un ritmo artificialmente alto como se ha visto, ha propiciado sinvergonzonerías como las que estamos viendo, que de tanto inundar las noticias de cada día ya superan la náusea y el estómago más endurecido.
Necesitamos ver que quien la hace la paga, aunque tenga poder. Necesitamos ver que políticos como Fabra, que han campado a sus anchas en incluso se han vanagloriado de tener comprada a la provincia de Castellón enteras, que han fardado de enchufar a cambio de votos, y que aparentemente estaban protegidos, al final tienen que enfrentarse a los tribunales y, esperamos, terminen pagando las consecuencias de comportamientos que provocan hartura y cabreo a partes iguales en ciudadanos sangrados a impuestos que ven como cierran cada día negocios, empresas y a los que sin embargo les recortan servicios esenciales. Parece que hay jueces con ganas de hacer justicia de verdad. Hasta el tribunal Supremo ha decidido revisar la sentencia del juicio con jurado que absolvió a Camps. Necesitamos ver que la sonrisa complacida de quienes siguen viviendo a pesar de todo de los impuestos de todos, a pesar de todo lo que han usado y abusado de lo público, se borra de una vez por todas de su rostro. Yo al menos lo necesito para reconciliarme un poco con el sistema.
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