Hace un par de días tuve conocimiento de la noticia que ya ayer corría por todas las redes sociales, eclipsada, lógicamente, por la noticia de la abdicación del monarca que todo lo va a solapar en los próximos días. En el ayuntamiento de Santiago de Compostela, nada menos que 7 concejales del PP miembros de la Junta de Gobierno, se han visto obligados a dimitir, como consecuencia de una condena penal. Pinchando AQUÍ podéis acceder a la noticia completa.
Esta esperpéntica situación, podríamos compararla con lo que está sucediendo en el Ayuntamiento de Alicante, donde a una alcaldesa imputada que no dimite, se une la de un vicealcalde que no solamente también está imputado, sino que va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados. En ambos casos, las condenas vienen por haber utilizado los procedimientos administrativos como si se tratará de una máquina de hacer pulseritas de goma de esas que tan de moda han puesto nuestros hijos. Es decir, yo voy montando colores conforme se me ocurre, sin orden ni concierto, ni método ni nada que se le parezca. O lo que es peor, con un método que sólo ellos conocen y que tiene una finalidad muy clara, que desde luego no es la de servir a los intereses públicos.
En el caso del Ayuntamiento de Santiago, la situación es tan grave que el Partido Popular de esa localidad va a tener que recurrir a nombrar concejales que ni si quiera iban en la lista, porque han imputado y ha dimitido tanta gente por el camino que ya no les queda gente. Allí, los miembros de la junta de gobierno decidieron que el ayuntamiento tenía que asumir los costes de la defensa de otra concejala imputada en el caso POKEMON. Algo parecido sucedió en el ayuntamiento de Ibi cuando se pretendía que el Ayuntamiento asumiese los gastos de defensa de la entonces alcaldesa por un asunto que solamente a ella le afectaba y le incumbía. Veremos si, al hilo de lo que ha sucedido en Santiago alguno no comienza a sudar por aquí.
Al final, no solamente se trata de que algunos políticos utilicen su cargo para prevaricar y cobrar jugosas comisiones vía adjudicaciones o contratas. El principal problema es además el día a día, donde, con la necesaria e imprescindible complicidad de algunos funcionarios que miran hacia otro lado, cuando no participan directamente en la tropelía, se saltan los procedimientos legalmente previstos una vez sí y otra también. Y lo que es peor, no es que haya algunos concejales y alcaldes que tengan muy claro que mientras estén en el cargo van a hacerlo así, sino que los concejales que han decidido acompañarles en ese viaje digan sí a todo y peguen la "cabotá", para aguantar cuatro años en el cargo por un sueldo. Pues ahí tenéis los resultados.
Mientras tanto, y con semejante patio, aquí en la comunidad valenciana, la "gran revolución" que ha decidido emprender el presidente por accidente, Alberto Fabra, consiste en cargarse a Serafín Castellano, cambiar de jefa de comunicación poniendo a Mª José Catalá y, ¡¡chan-ta-ta-chaaan!!, poner de secretaria general a Mª Isabel Bonig, más conocida como la Thatcher valenciana y cuyo proyecto se resume en que está orgullosa de ser de derechas, valenciana, española y del PP. Que en fin, que digo yo que uno puede sentirse orgulloso de lo que le rote, pero que el problema aquí en la comunidad valenciana, por si Fabra y la Thatcher valenciana no se han enterado, es que aquí se ha robado a manos llenas, se ha gestionado con menos criterio que el Dioni y que la gente está hasta los mismísimos. Que a estas alturas vengan a dar lecciones de españolidad, de valencianía y de no sé cuántas chorradas más, suena al penúltimo insulto a la inteligencia. Mientras tanto, señor Fabra, a usted en la ciudad de Alicante le siguen chuleando los que se niegan a dejar el cargo, y, por ponerle un ejemplo, y para que descienda a la tierra, los farmacéuticos, tras volver a no cobrar cuando toca, ya le han dicho que no compran ni un medicamento más poniendo el dinero por delante de sus bolsillos. Lo dicho, más dura será la caída..
