Las últimas dos entradas las he dedicado a poner en antecedentes, desde mi punto de vista, de qué bagaje traen detrás los que pretenden hacer una reforma electoral a su medida, y por otra parte, de lo falso de las premisas con las que pretenden sostener tal tropelía.
Ahora, podemos entrar en realmente qué está necesitando el sistema democrático en nuestro país. En primer lugar el tema de las listas abiertas. ¿Por qué tienen tanto miedo los partidos tradicionales a la democracia de la que tanto se llenan la boca? Si especialmente tiene sentido este aspecto en algunos comicios, es en las elecciones municipales. Cuánto más cercana es la administración al ciudadano, más se conoce a la gente. El actual sistema, lleva permitiendo que auténticas nulidades alcancen puestos de responsabilidad en ayuntamientos, manejando presupuestos de escándalo y teniendo bajo sus órdenes a decenas de empleados públicos, a gente que en su vida ha ostentado la más mínima responsabilidad y que, ni por capacidad de trabajo, ni por formación, ni por capacidad intelectual, podrían ocupar en la vida privada (da igual empresas que asociaciones) cargos de la más mínima entidad.
Por otra parte, me pregunto. ¿Qué porcentajes de voto se exigirá para que sea alcalde o alcaldesa el más votado? ¿Se exigirá al menos un 40% de los votos y de lo contrario se someterá a una segunda vuelta a los dos candidatos más votados? Porque lógicamente, si hay un partido de una tendencia digamos, conservadora, que es el candidato más votado, pero la suma del resto de partidos que puedan tener una tendencia digamos, progresista, le duplica en votos, sería legítimo que los que han votado por esas tendencias, puedan en una segunda vuelta intentar obtener el respaldo de los votantes de unos y de otros. Nada de todo eso se dice, ni se sabe. Sólo el rumor. Ya ni hablamos de impedir que imputados puedan ir en las listas o de limitar los mandatos a 8 años. Eso no se ve por ninguna parte. Ni de obligar a que los partidos políticos tengan democracia interna, como sí obliga por ejemplo la Ley de Asociaciones. En los estatutos del PP por ejemplo no se obliga a que haya primarias y se prohíben las corrientes internas o de opinión. Eso, en una asociación de vecinos estaría prohibido. En los partidos políticos, con la actual ley, no.
¿Y qué sucederá con la representatividad de los concejales? La actual ley de haciendas locales otorga unas atribuciones excesivas, a mi modo de ver, a los alcaldes de cada población. Salvo temas muy puntuales que requieren acuerdo plenario, el día a día prácticamente pueden manejarlo directamente y con el recurso de la Junta de Gobierno que, normalmente formada por concejales de su misma formación, se convierte en una mera dación de cuenta semanal donde lo que se lleva se aprueba. Nada se dice tampoco de cómo afectaría esta cuestión a unas entidades como las Diputaciones provinciales, donde cualquier parecido con la democracia es pura virtualidad. Unas entidades donde los partidos que han recibido en suma más de un tercio de los votos de toda la provincia carecen de representación, porque se mantiene un sistema de distritos o demarcaciones que prácticamente reparte los diputados entre los dos mayoritarios, dejando fuera al resto de partidos. Pero claro, de eso no se habla.
Así, seguimos manteniendo una estructura desfasada y decimonónica como es la Diputación provincial, donde, parece mentira, las subvenciones, las ayudas, los planes de obras y las convocatorias de empleo se siguen por criterios de reparto absolutamente caciquiles. Pero de todo eso, tampoco se habla. Por todo lo dicho, la pretendida reforma de la ley electoral no pretende más democracia, ni más transparencia. Lo único que pretende es reforzar aún más el sistema que ha permitido a los dos partidos mayoritarios hacer de su capa un sayo durante década, poder seguir manipulando las contratas a su antojo, seguir colocando gente a dedo y en algunos casos, seguir robando a manos llenas. Espero que, como a mí me sucede, a mucha gente esto le importe y no lo permitamos.
