Llevo 2 días sin disponer ni un hueco para poder actualizar esta bitácora, porque las obligaciones profesionales son siempre antes que el resto. En mi caso dirijo lo que ahora se llama con cierta pedantería, micropyme. Lo que toda la vida ha sido un autónomo con un par de empleados a su cargo. Eso supone carecer de horarios, o más bien, estar los 365 días al año pensando en tu negocio, con sus ventajas e inconvenientes. Hace pocos días, como al resto de autónomos y empresas de este país, me cargaron las retenciones del IRPF de las nóminas de los trabajadores y el pago trimestral a cuenta del impuesto de sociedades.
También, como al resto de vecinos de Ibi que poseemos (a medias con el banco o no) un inmueble, nos han cargado el IBI, vamos, la contribución que grava el hecho presuntamente lujoso de poseer una vivienda que genera hipotéticamente unos servicios. Esos servicios en los últimos años han padecido recortes, pero la contribución en diez años se ha duplicado. Un servidor, como el resto de vecinos de Ibi, en los últimos diez años no ha duplicados sus ingresos. Más bien al contrario, todos -con escasísimas excepciones- hemos visto como nuestros ingresos se estancaban en la época de la peseta, lo que de facto supone una reducción de entre un 20 y un 30%.
En mi caso además, por dedicar gran parte de mi actividad a la mediación y asesoramiento en materia de seguros, ahorro, pensiones e inversiones, cada día asisto a curiosas escenas, que contrastan con la realidad. O por lo menos, por lo que estamos viendo estos días, con la realidad de la banda de Alí Babá. Cuando viene un señor o señora normal, con un trabajo normal y unos ingresos normales, y tiene la intención de hacer un plan de ahorro o pensiones, del tipo que sea, o un simple seguro de vida dentro de sus posibilidades, hay que cumplimentar toda una serie de documentación. A saber, una solicitud, donde a parte de indicar sus datos personales, ha de hacer constar la procedencia de sus ingresos y, por supuesto, ha de facilitar un número de cuenta y una fotocopia que acredite la titularidad de esa cuenta, así como su DNI.
También ha de rellenar un cuestionario de conocimiento, donde, entre otras cosas, debe de hacerse constar la procedencia de sus ingresos, su nivel de renta, si dicho nivel de renta casa con lo que pretende hacer, y todo ello debe enviarse y validarse, presuntamente, para cumplir normativa de blanqueo de capitales. Y a los que nos dedicamos a lo que yo me dedico, cada año obligatoriamente, nos obligan a pasar cursos de formación y reciclaje sobre normativa de blanqueo de capitales. Cursos que se han de hacer y cuya ejecución completa se ha de acreditar. El descojone que debe de entrarle a Francisco Granados, Miguel Blesa, Rodrigo Rato, la familia Pujol, la docena de alcaldes madrileños imputados, o al extesorero del PP Bárcenas, ante toda la normativa que la gente normal tenemos que cumplir, y sobre todo, a la vista de los impuestos que tenemos que pagar por todas partes para mantener el nivel de vida de estos corruptos, que luego robarán gran parte de todos esos impuestos, es para verlo.
La primera medida que tomó el ministro Montoro, por órdenes del presidente del partido más corrupto de Europa, Mariano Rajoy, fue la de aprobar una AMNISTÍA FISCAL. Claro está, eran perfectamente conscientes de que algunos de sus cuadros dirigentes, intermedios y de todo tipo, tenían tanto dinero en cuentas en Suiza, opacas y en cajas de zapatos, que ya no les cabía, y tenía que aflorar. Sólo por esto, Rajoy debería de estar ya imputado y encausado. Ahora, que la mierda le rebosa -afortunadamente-, por mor de la actuación de muchos funcionarios honrados en la policía, en los juzgados y en otras partes, no le queda otra que dimitir y convocar elecciones. Y si es posible, que sean todas a la vez, las autonómicas, las municipales y las generales, para que echar a toda esta pandilla nos cueste económicamente lo menos posible.
