Publicaba el padado martes el diario El Mundo en su edición digital, la noticia de que "Las diputaciones asumirán las funciones del 95% de los ayuntamientos", es decir, las de los de menos de 20.000.- habitantes y que sean de obligada prestación. Pinchando AQUÍ podéis acceder a la noticia completa.
Desde hace ya varios años, especialmente en estos dos últimos, se viene insistiendo en la necesidad imperiosa de aligerar la administración en España. Para una inmensa mayoría de los ciudadanos, resulta inexplicable la permanencia de una institución como el Senado, que con la justificación eufemística de ser como fin último la cámara de la respresentación territorial, se ha convertido en el retiro dorado de muchos políticos que culminan así una larga trayectoria después de haber sido muchos años alcaldes o diputados con sus respectivos partidos. El Senado, a día de hoy, es un ente perfectamente prescindible, máxime cuando al gobierno no le tiembla la mano en recortar en sanidad o educación.
Pero siendo indiscutible para la mayoría la cuestión del Senado, se plantea el problema de la subsistencia de las Diputaciones Provinciales que, con la llegada de lás autonomías, han perdido prácticamente su finalidad y han pasado a ser el nido donde colocar a cientos de personas afines al partido gobernante, y el retiro para muchos candidatos que no han alcanzado la alcaldía de su respectiva población. Ahí estaba el presidente de turno para darles un cargo de confianza. Hasta 72 llegó a tener José Joaquín Ripoll, ninguno de ellos cobrando menos de 3.000 euros. La demostración de que las diputaciones provinciales son perfectamente prescindibles, es que en las Comunidades autónomas uniprovinciales no existen y sus competencias las asumen los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma de turno, y no pasa absolutamente nada.
Ahora bien, antes que cargarse un foco de administración de poder, cargos de confianza y dinero público como este, los partidos mayoritarios inventarán lo que sea. Ahora el PP propone retirar prácticamente las competencias más importantes a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Con lo cual, urbanismo, la limpieza viaria, la recogida de resíduos y hasta la seguridad ciudadana de la gran mayoría de municipios de la provincia de Alicante pasarían a depender de Diputación. Lejos de suprimirlas, la convertirían en un macroorganismo aún más grande cuya coexistencia con las Autonomías sería hasta legalmente discutible. Qué es lo que se pretende con esto, a mi modo de ver? Lejos de suprimir y aligerar la administración, dejando en manos de una consellería la dotación de servicios y asesoramiento técnico a los municipios más pequeños, lo que se pretende es seguir controlando las grandes contratas (que aún serían más grandes), los grandes manejos en manos del partido gobernante de turno en la institución provincial. Son muchos años acostumbrados a manejar los hilos, como para ir soltando rienda y dejando de controlar muchos resortes. Pero de suprimir las diputaciones, ya lo ven, nada de nada.
Al final, agrupar grandes contratas para abaratar costes de todo tipo, desde la limpieza de las poblaciones, el asesoramiento técnico o el transporte público, puede hacerse perfectamente mancomunando esos servicios y mediante acuerdos entre poblaciones limítrofes. Las diputaciones provinciales, en mi humilde opinión, solo tendría una mínima justificación para prestar servicios a aquellos municipios que por su escasa población y en muchos casos amplio término municipal, no pueden asumir de ningún modo. Todo lo demás sobra y puede integrarse pefectamente en la administración autonómica o asumirse por los municipios de mayor entidad que, por su cercanía, podrían prestar un mejor servicio al ciudadano.
